sábado, 15 de diciembre de 2007

Histeria Energética, arrasa con biodiversidad


14/12/2007
Hay muchas formas de generar energía. Pero las empresas de generación eléctrica (como Colbún, Hidroaysén, Endesa o AES Gener, entre otras) han logrado imponernos un desarrollo energético basado en megacentrales hidroeléctricas, lo que les ha resultado extremadamente rentable. La histeria energética gatillada por la enorme demanda de energía, ha significado elevados costos para el país: destrucción de cuencas, muerte biológica de ríos, extinción de especies ícticas, desplazamiento de poblaciones indígenas, destrucción de otras economías posibles en esas cuencas y valles.


Por Juan Pablo Caldichoury

¿Es esta una condena total a la hidroelectricidad? Está claro que no, pero en los países desarrollados la era de las centrales hidroeléctricas ha llegado a su fin porque los estándares ambientales y sociales ya no permiten su construcción.

Chile es uno de los países más dependientes del mundo, energéticamente hablando.
Contamos con una matriz energética muy dependiente. Esta es tremendamente vulnerable por la dependencia de los países de los cuales provienen esas fuentes de energía. Importamos el 98 % de las necesidades en crudo. Casi el 100 % de los requerimientos de carbón. Salvo alguna producción de gas natural en Magallanes, importamos casi el 100 % del hidrocarburo. Si bien es cierto contamos con recursos hidráulicos, hay una tendencia a agotar los grandes patrimonios hídricos y poner en peligro la biodiversidad de los lugares donde se ubican las centrales hidroeléctricas.

Otra de las deficiencias de la matriz energética, tiene que ver con que Chile carece de un mercado regulatorio que permita generar e implementar una estrategia de desarrollo acorde a un país dependiente y creciente en el consumo de energía. Chile posee un mercado energético vago, no explotado, no transparente y que protege fundamentalmente a los inversionistas y no a los consumidores.

Para el Estado está primero el consumidor y luego el ciudadano. Cuando apelamos al ciudadano, estamos solicitando la capacidad de decidir, no en base a parámetros costo-beneficio, sino en base a calidad de vida. Eso no está consagrado en la Constitución.
Las centrales de Aysén, que son enormes, aparentemente traerán grandes beneficios, en términos de disponibilidad de energía, pero tendrán un impacto ambiental severo, irreversible, y por ende cuestionable.

En todo megaproyecto que trae impactos benéficos y negativos sobre el medio ambiente y la calidad de vida del ciudadano, hay que preguntarle a él si quiere lo bueno y también lo malo. Eso no está sacramentado en la Constitución, o muy mal, y se implementa de manera antojadiza, a destiempo y sin informar a los ciudadanos.
La culpa no la tienen las empresas, la tiene el marco regulatorio. Por este entendemos un marco jurídico, pero también la reglamentación, que es potestad de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el ministerio de Energía y la superintendencia de Electricidad y Combustibles, en las cuales esto no está claramente especificado. Es decir, todo lo que se refiere a la información de megaproyectos que tienen un impacto al medio ambiente deberían estar a disposición de la ciudadanía para cuándo y cómo los quiere. Lo que no se cumple.

EL DICTADOR NOS CONDENÓ
Los recursos naturales son depredados por culpa de la dictadura, cuya cúpula se encargó de dejar la legislación muy bien amarrada y con la privatización del sector eléctrico. La Concertación no ha hecho absolutamente nada para cambiar esta situación. No puede ser que, en el 2007, se sostenga aún que el aumento de los costos de la energía en el mundo, implique un aumento económico sistemático, de las tarifas y los costos de la energía, y además que los tenga que asumir la ciudadanía. Mientras se mantengan rentabilidades extraordinarias para todas las compañías distribuidoras eléctricas y para todas las firmas ligadas a los derivados del petróleo, hidrocarburos y gasolineras, no entendemos por qué nosotros los ciudadanos debemos estar pagando las malas decisiones.
El Estado castiga al ciudadano y fundamentalmente a los más pobres. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la participación de la energía en el presupuesto familiar puede llegar a ser menos del 1 % del presupuesto del decil más rico de la población, y alrededor del 10 % en el decil más pobre. Eso para Santiago, sin incluir leña, pues cuando hablamos de energía incluimos derivados del petróleo: kerosén, gas licuado y electricidad.
Si aplicamos el análisis a las regiones la problemática cambia radicalmente. En la Región de Los Lagos (incluyendo leña) el presupuesto familiar, del decil más rico, alcanza a menos del 1%. Para el más pobre supera el 20 %. Si el sueldo de un hogar es de 120 mil pesos, gastan entre 25 y 30 mil pesos sólo en energía para sobrevivir.

NO ES SUSTENTABLE
A diferencia de los países desarrollados, en Chile el Producto Interno Bruto (PIB) crece en un 5 % por año. Esto quiere decir que por cada unidad de producto o de bien que se genera en el país, destinamos entre 1,2 o 1,5 % de energía para vivir. Esto sigue creciendo. En Chile la curva entre el consumo de energía y el PIB es paralela y ascendente. Fenómeno que las generadoras eléctricas toman en cuenta para invertir en Chile. Pero, ¿Podemos reducir el consumo e incrementar el PIB? ¿Qué pasa en el extranjero? Ese fenómeno de las paralelas ascendentes (PIB y consumo de energía) no existe en ningún país desarrollado. Esa tendencia no es sustentable en el corto o largo plazo. En Europa crecen al 2 %, pero requieren de menos energía.
En Chile no es sustentable lo que estamos haciendo. Algunos secretarios ejecutivos de la CNE, durante décadas, se negaron a adoptar políticas de uso eficiente de la energía. Este último concepto, no quiere decir que veamos menos televisión o apagar la luz… El uso eficiente de la energía es utilizar motores eficaces, procesos más adecuados, ahorrar, invertir. Pero Chile no lo hace. La tercera fuente de energía más importante en el mundo (luego del petróleo y el carbón), es el uso eficiente de la energía.
Lo que tenemos es una política de la oferta energética, basada en la expansión física del sistema que no es sustentable. Chile carece de política energética. En el sentido de ver la oferta: ¿Cómo generamos la energía? Y en el sentido de la demanda: ¿Cómo la consumimos? Al Estado no le importa el consumo, sino la oferta. Año a año tenemos que agregar 400 MW, y en el año 2010 serán 800 MW para poder responder a este febril consumo. Por eso no es sustentable. En este contexto 41 proyectos hidroeléctricos están a la espera de arrasar con los recursos naturales de 8 regiones (ver tabla). En esas zonas el Estado no defiende con claridad la biodiversidad, pues no impone una institucionalidad ambiental fuerte y transparente.

PLANIFICACIÓN Y LIBRE MERCADO: PROYECTO ALTO MAIPO
Cortes de gas, cortes de luz; fantasmas de racionamientos y de crisis. Un sistema de generación energética dependiente para un Chile fraudulentamente despojado de su patrimonio y recursos. Son reflexiones preliminares tras el reciente episodio comercial y diplomático, en que Argentina "cortaba el gas" a Chile; corte que no sólo podría afectar a usuarios residenciales, sino también a las plantas termoeléctricas generadoras de energía y por ende a nuestra reducida industria nacional.
En este contexto, mientras los medios de prensa informan sobre la crisis atendiendo sólo a las autoridades y los "expertos", se invisibiliza el creciente movimiento social que cuestiona tanto al gobierno y su anémica política energética, como a las empresas del rubro por su desprecio a los intereses de la sociedad chilena, y su nulo aporte a las comunidades que interviene con sus mega proyectos.
Malthus diría que la población crece en progresión geométrica; y con ella crece la demanda energética. No obstante, ni el gobierno de Chile, ni las transnacionales de la energía han asumido la responsabilidad de invertir en el sector de acorde con dicho crecimiento, y la crisis cumple ya más de una década. Por ello más que una crisis energética, es una crisis de política energética; y más que una crisis, es la ausencia de política; pues el Estado ha dejado la producción de energía, con todos sus derechos y deberes, en las ávidas manos del mercado. Así, mientras los usuarios pagan cuentas eléctricas cada vez más abultadas, las empresas generadoras registran utilidades por millones de dólares, evidenciando una vez más que el modelo neoliberal tiene al mundo "patas arriba".

LA COYUNTURA
Los últimos días de mayo fueron muy movidos en materia energética, pues Argentina dejó de proveer un importante volumen del gas natural que exporta a Chile. Esto debido a que los trasandinos enfrentan su propia crisis energética.
Ante los hechos, el gobierno chileno se ha mostrado confuso. En principio, el ministro de energía, Marcelo Tokman, buscó transmitir un mensaje tranquilizador, para luego reconocer una crisis confesando: "No está llegando nada de gas". Sin embargo, a pesar del corte, las generadoras de energía no tendrían problemas para cubrir el suministro, y como dijo el presidente de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, no habría cortes de luz en domicilios ni sectores industriales. Empero, lo que no se podría evitar sería un aumento en los costos de producción, costes que –según dijo el empresario- "serían traspasados a los usuarios".

LA HISTORIA
La empresa nacional de energía –ENDESA-fue creada en 1943 por la CORFO, y constituyó patrimonio nacional hasta ser privatizada durante la década del 80 por la dictadura de una milicia iletrada y un puñado de economistas-mercenarios, adoctrinados en la utopía monetarista de Milton Friedman y su famosa escuela de Chicago. Hernán Büchi Buc, José Piñera Echeñique, José Yuraszeck Troncoso y Bruno Philippi Yrarrázabal, quienes son algunos de los protagonistas de la privatización del sector eléctrico. En principio los funcionarios públicos desarticularon ENDESA y sus filiales en una multitud de sociedades anónimas, situándose a la cabeza de sus directorios, y diseñando un enmarañado plan que constituye uno de los más burdos episodios del saqueo patrimonial de Chile.
Si bien, tanto Yuraszeck como Philippi no pasaron por la escuela de Chicago, aprendieron rápidamente su doctrina, y operaron en consecuencia. El primero es hoy, un exitoso y millonario empresario vitivinícola, pero en su tiempo fue conocido como el "zar de la electricidad", por estar a la cabeza del grupo Enersis; un holding eléctrico de cobertura continental. A fines de los 90, luego de un controvertido proceso de venta de acciones que los llevó a tribunales por el famoso "Caso Chispas", también llamado "negocio del siglo", Yuraszeck y los suyos vendieron su participación en Enersis al gigante energético Endesa España. En ese contexto, la periodista y autora del libro "El Saqueo de los grupos económicos al Estado chileno", María Olivia Monckeberg dijo: "Se retiraron con 500 millones de dólares en los bolsillos".
El caso de Philippi es menos rimbombante, pero más atingente a nuestra historia. Según cuentan los anales, "Don" Bruno fue presidente de GENER durante 13 años, desde su privatización hasta la venta a su actual dueño: la norteamericana AES Corporation. Por cierto, tras una disputada venta de acciones, AES no sólo adquirió una que otra generadora eléctrica, sino una completa red de éstas a lo largo del país, como Norgener que abastece a minera Escondida; Energía Verde que alimenta a las forestales Arauco y Copihue; ESSA, propietaria de la central Nueva Renca que da luz a Santiago; y Guacolda que con carbón electrifica la fundición Paipote, junto a la cual han devastado el ecosistema de la cuenca inferior del río Huasco.


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