La declaración de Aysén y su Demanda Inmediata

DECLARACIÓN POR AYSÉN


Los pobladores de la Región de Aysén en la Patagonia, aquí presentes, provenientes del norte y el sur, del campo y el litoral, de las ciudades y los pueblos, y en representación de miles de ayseninos y de quienes viven en las cuencas amenazadas, en especial de los ríos Baker y Pascua, luego de recorrer nuestra tierra durante 9 días y ante el peligro de proyectos de represas y líneas de alta tensión que se cierne sobre nuestro territorio, nuestras aguas, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestro desarrollo futuro y el de nuestros hijos, hoy martes 27 de noviembre de 2007, en Coyhaique, capital de la Región de Aysén, declaramos que:


1. LOS AYSENINOS RECHAZAMOS LOS MEGAPROYECTOS HIDROELECTRICOS

La Región de Aysén debe mantenerse libre de represas y de todo proyecto que amenace su sustentabilidad social, ambiental y económica.

Estamos convencidos de que éste es un mal negocio no sólo para Aysén sino también para Chile y para la humanidad.


2. EL AGUA ES UN BIEN PÚBLICO Y UN DERECHO HUMANO

El agua debe estar al servicio de los ecosistemas y del bien común, en primer lugar de quienes habitan el territorio donde brota y fluye, y disponible para promover el desarrollo regional.

Los grandes volúmenes de derechos de agua ya entregados en Chile deben ser recuperados para las regiones y sus habitantes, y deben detenerse nuevos otorgamientos.


3. CHILE NECESITA UNA GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS

La Presidenta Michelle Bachelet debe cumplir con su Programa de Gobierno y su compromiso de 2006 ante el país y el Congreso de la Nación respecto de que no se evaluarán proyectos sin contar con una Estrategia de Gestión Integrada de Cuencas.

Nuestra responsabilidad ante el derecho internacional exige el cumplimiento del Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente suscrito con Argentina en 1991, que contempla el mismo instrumento de planificación antes mencionado.


4. CHILE REQUIERE DE UNA POLÍTICA ENERGÉTICA SUSTENTABLE

Adherimos completamente al proyecto de acuerdo del Senado de la República donde se solicita a la Presidenta Michelle Bachelet que se implemente una Política Nacional de Energía que contemple:

Diversificación de la matriz energética.

Un programa de ahorro y eficiencia.

Calificación de urgencia a mociones y proyectos que incentiven el uso de las energías alternativas, renovables y limpias.

Una Política y Ley Marco de Ordenamiento Territorial y de Manejo Integrado de Cuencas.

Liberación del monopolio para la exploración y explotación de hidrocarburos.

Recurrir a los mecanismos establecidos en los Tratados y Acuerdos firmados con Argentina para exigir el cumplimiento o indemnización por incumplimiento de contratos.


5. EL DESARROLLO REGIONAL DEBE SER COHERENTE CON LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN Y DE FOMENTO PRODUCTIVO

Hasta hoy la visión de la región ha sido consecuente con una Estrategia de Desarrollo Regional, un Plan de Zonificación del Borde Costero, una Estrategia Regional de Biodiversidad, una Plan Regional de Ordenamiento Territorial, planes reguladores, la Zona de Interés Turístico Nacional del Lago General Carrera y la Carta Magna del Proyecto ACCA, donde se define claramente que el desarrollo regional se fundamenta en la calidad ambiental de excepción y pasa por el uso sustentable de nuestros recursos naturales.

Además, esta coherencia se ha materializado en múltiples inversiones del Estado que en la Región de Aysén (a través de organismos como INDAP, CONAF, SAG, CORFO, SERCOTEC, SERNATUR, entre otros) han relevado la importancia de mantener en la Patagonia actividades productivas sustentables.


6. EL ESTADO DEBE SER GARANTE DEL BIEN COMÚN

Hasta hoy el Estado en Aysén no ha generado un proceso de información amplio, transparente y objetivo sobre la propiedad de los derechos de agua que ponen en riesgo el desarrollo regional y de todas las actividades que son distintas a la generación de energía.

No ha transparentado su actuación a nivel regional en torno a la tramitación de todo tipo de autorizaciones por parte de las compañías eléctricas (regularización de ingreso ilegal a predios fiscales, utilización de infraestructura pública como aeropuertos y otros, convenios para acciones conjuntas como rondas médicas en localidades), los diálogos y acuerdos que ha establecido con estas empresas (reuniones informativas con servicios públicos), lo cual es su deber con el fin de que la ciudadanía conozca su accionar en estas materias.

Tampoco ha apoyado a nuestros pobladores en materias legales, quienes se encuentran en la indefensión para hacer valer sus derechos cuando representantes de las empresas los han contactado para suscribir contratos y acuerdos abusivos, sin tener toda la información sobre lo que éstos involucran y aprovechándose de la ignorancia legal de los ayseninos.

Un Estado que vele realmente por el bien común no permite que esto ocurra y se debe primordialmente a su gente y no a intereses económicos que merman la calidad de vida de sus ciudadanos.



7. EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL REQUIERE DE UNA MAYOR Y MEJOR EVALUACIÓN TÉCNICA EN LA INSTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

Hoy no están dadas las condiciones que aseguren una real participación de la ciudadanía en los procesos de evaluación de los proyectos que deben ser aprobados o rechazados por el Estado.

Tampoco existe un sistema público capaz de evaluar los megaproyectos que se han planteado para la Región de Aysén, inéditos en la inversión y estudios involucrados.

Un Estado que crea realmente en un proceso ecuánime para decidir sobre iniciativas de inversión con criterios ambientales, toma las medidas necesarias para revertir esta situación.


Lo anteriormente planteado es un téngase presente de la visión que múltiples organizaciones y habitantes de la Región de Aysén creemos necesario trabajar para que los megaproyectos que se están planteando puedan ser evaluados en propiedad en el marco de la institucionalidad ambiental vigente.

La Región de Aysén es una región joven, pero que en sus cien años de conformación ha dado muestras de ímpetu frente a la adversidad, donde miles de hombres y mujeres han sorteado las dificultades para construir un hogar, un lugar digno para vivir. Por esto, los ayseninos lucharemos para que lo que aquí hemos expresado se cumpla, por nuestra tierra, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestra dignidad.

Hoy estamos en una encrucijada y usaremos la misma voluntad, el mismo esfuerzo de antaño para mantener esa casa digna, hermosa, que nos legaron los colonos y pioneros, y así poder entregársela con la frente en alto a los colonos y pioneros del futuro.

Así se construye Patagonia. Así se construye un Aysén, Reserva de Vida.


Región de Aysén, Patagonia Chilena, 27 de noviembre de 2007

Suscriben la presente declaración las agrupaciones y ciudadanos abajo firmantes (listado que será entregado el día del arribo de la Cabalgata Patagonia SIN Represas a Coyhaique):
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Agrupación de Defensores

del Espíritu de la Patagonia

Consejo de Defensa de la Patagonia Chilena

DEMANDAS INMEDIATAS


En el marco de la Cabalgata Patagonia Sin Represas, todos los participantes de esta acción y en representación de miles de ayseninos, pobladores de nuestra tierra, hijos de pioneros, planteamos al Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet lo siguiente:


1. El poblador de la Región de Aysén sabe que vive en un lugar privilegiado, ama su tierra y conoce la importancia de proteger sus recursos naturales, para él y sus hijos, pero hoy necesita que el Estado esté a la altura de los desafíos globales y le respalde con instrumentos integrales que combinen la defensa del patrimonio natural con la protección de nuestro activo primordial: nuestra gente.

Ante esto exigimos:

Que se diseñe y ponga en marcha a través de la Agencia de Regional de Desarrollo Productivo un programa territorial de instrumentos estatales que combinen efectivamente la sustentabilidad ambiental con el desarrollo económico local, principalmente de los pobladores del campo y el litoral. Esto, como medida especial que se haga cargo del interés de la Región de Aysén de desarrollarse sustentablemente y relevando sus cualidades ambientales, como lo señala expresamente la Estrategia Desarrollo Regional.

Que se realicen los estudios pertinentes para determinar en qué áreas se puede trabajar en este sentido.


2. Actualmente la Región de Aysén se encuentra prácticamente intervenida por parte de las empresas eléctricas que quieren desarrollar sus proyectos energéticos en nuestros ríos.

Esto se aprecia en la relación fluida que existe entre éstas y los servicios públicos, como por ejemplo al entregarles autorizaciones antes de que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles aprobara la solicitud de concesión eléctrica provisional y la nula prevención del Estado ante el impacto en áreas silvestres y especies protegidas durante el desarrollo de los estudios de las empresas, en la fuerte campaña comunicacional llevada adelante por compañías que hasta hoy no tienen ningún proyecto ejecutándose en Aysén, en la transgresión de los derechos de pobladores mediante el ingreso ilegal a sus campos, en la suscripción de contratos por parte de campesinos en circunstancias desventajosas que les dejan en la indefensión.

Ante esto exigimos:

Que se constituya una mesa de trabajo permanente entre el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil con el fin de que sea una instancia participativa para monitorear el actuar de los organismos del Estado, establecer un diálogo con las empresas frente a situaciones anómalas y que sea una de las vías para que la ciudadanía pueda hacer llegar a la autoridad sus planteamientos y denuncias.

El Gobierno debe hacerse cargo de las demandas ciudadanas dado el desequilibrio que existe hoy en la Región de Aysén respecto de los intereses que hay detrás de estos proyectos. Ante esto, debe asumir su responsabilidad en torno a garantizar que los derechos constitucionales de los ayseninos no sean vulnerados y defender a los más débiles, por lo cual las autoridades serán juzgadas en el futuro.

3. Exigimos que se comience cuanto antes con la Gestión Ambiental o Integrada de las Cuencas de los ríos Baker y Pascua, tal como lo comprometió la Presidenta Michelle Bachelet y lo establece el Tratado de Medio Ambiente suscrito con Argentina en 1991.

4. Solicitamos que el Gobierno exija a Endesa devolver al Estado -y no enajenar- los derechos de aguas indicados en el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y dado el monopolio que ya detenta sobre los derechos de agua en la región que no se le otorguen los derechos de aprovechamiento adicionales que está solicitando a través de HidroAysén.

5. Desde que se comenzaron a gestar estos proyectos, las organizaciones de la sociedad civil hemos enviado múltiples cartas a autoridades de Gobierno denunciando hechos y pidiendo respuestas a temas concretos. Muchas de ellas no han tenido contestación alguna, lo cual contraviene la legislación vigente y mina la confianza en quienes dirigen los destinos del país y la región, a la vez que no da garantías de ecuanimidad.

Ante esto exigimos:

1. Que el Contralor Regional Francisco Crema responda al requerimiento formal que se le hiciera al ex contralor Hugo Cruz el 12 de mayo de 2006, donde se le pide que se pronuncie sobre la legalidad de la respuesta que diera la Conama cuando se le solicitó que exigiera estudios de impacto ambiental a Endesa Chile por sus trabajos impactando el Parque Nacional Laguna San Rafael.

2. Que la Presidenta Michelle Bachelet o quien ella determine responda al requerimiento que se le hiciera el 14 de septiembre de 2006, sobre la fiscalización de los trabajos de Endesa Chile en la Región de Aysén.

3. Que la Intendenta Regional Viviana Betancourt responda al requerimiento que se le hiciera el 6 de septiembre de 2007, sobre la activación de instancias de participación en el marco del Protocolo sobre Recursos Hídricos Compartidos del Tratado de Medio Ambiente sucrito entre Chile y Argentina el año 1991.

4. Que el director de la División de Organizaciones Sociales, Francisco Estévez responda al requerimiento que se le hiciera el 12 de septiembre de 2007, primero por correo electrónico y posteriormente mediante carta entregada ante la seremi de Gobierno de Aysén, donde se le solicita aclarar por qué se declaró inadmisible un proyecto presentado para la discusión en Aysén sobre los recursos hídricos en Chile.

Lamentablemente la no respuesta a estos múltiples requerimientos y cartas enviadas a la autoridad competente permiten pensar que de parte de las autoridades del Estado existe una desconsideración a las demandas de la ciudadanía, lo cual mina la confianza en el Estado de Derecho.


6. Exigimos que el Estado transparente la información relativa a los diálogos y acuerdos que ha establecido con las empresas hidroeléctricas -por ejemplo en el caso del ministro de Obras Públicas Eduardo Bitran- que ponen en duda su ecuanimidad en torno a una evaluación objetiva de los proyectos cuando ingresen al sistema que deberá resolver sobre su eventual ejecución.

7. Exigimos que el Estado disponga desde ya la contratación de centros de investigación nacionales y extranjeros que permitan una evaluación ambiental independiente y de alto nivel, dada la relevancia de los ecosistemas que se pretenden intervenir.

8. Exigimos que la Agencia Regional de Desarrollo Productivo incorpore a todas las organizaciones y líderes que quieran participar en las decisiones que se adopten, desde una mirada de sustentabilidad.


Región de Aysén, Patagonia Chilena, 27 de noviembre de 2007


Suscriben la presente declaración las agrupaciones y ciudadanos abajo firmantes (listado que será entregado el día del arribo de la Cabalgata Patagonia SIN Represas a Coyhaique), quienes solicitaremos en Coyhaique respuesta a estos justificados requerimientos.


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