Celco Licancel dejó sin peces al Mataquito

Según los pescadores artesanales los peces han disminuido de forma notable en el río. Además, al cierre de esta edición, un ex trabajador de Celco asegura que la fábrica no ha partido con sus labores de producción, sólo por una rotura de un ducto en la sala de calderas

Mientras el juez militar Renato Nuño cerraba el sumario de la investigación de la muerte de Rodrigo Cisternas, sin establecer responsabilidades entre los carabineros que le dispararon en medio de las protestas registradas en mayo pasado en la planta Horcones de Celco en la Región del Bío Bío, en Licantén (Región del Maule) la contaminación del río Mataquito, provocada por desechos tóxicos vertidos desde la celulosa Licancel –también del grupo Angelini-, aún causa estragos y temor en la gente de la cuenca del río y de la zona costera de la provincia de Curicó.
Esto porque los pescadores artesanales y organizaciones indígenas denuncian que los mariscos y pescados están casi extinguidos. Ahora desconfían de la reapertura de Licancel, lo que empeoraría la situación de la fauna acuática de la cuenca.
“Si vamos a las estadísticas históricas, no queda nada. Casi desaparecieron los mariscos y pescados de la zona. Fue por la actividad de la celulosa. Nosotros éramos ricos en bancos naturales de machas y choritos, desde que la planta empezó a producir disminuyeron esos recursos”, acusa el vocero del Sindicato N° 1 de pescadores de Llico, Patricio Gutiérrez.

Por su parte el dirigente mapuche de Licantén, Jaime Cheuque, es categórico: “Celco dejó sin peces al Mataquito. Los derrames se originaron justo cuando los peces estaban en su período reproductivo, hay que repoblar la zona”. Además, sostiene que quieren un río sano: “El Mataquito tiene una sensibilidad especial para el pueblo mapuche, pues fue ahí donde mataron a Lautaro”.
Cheuque agrega que respetan mucho a sus antepasados, por eso no entiende que una empresa produzca y a la par vaya destruyendo el hábitat de sus ancestros y los recursos naturales de la zona.

El dirigente Gutiérrez nos explica que la catástrofe ecológica golpeó fuerte, no sólo en su espíritu, sino que también en su economía.
Luego de los derrames la comercialización de pescado en Talca, Curicó, Rancagua, Santiago (principales mercados de la cuenca del Mataquito), se vio tremendamente afectada. La gente les preguntaba de dónde venía el producto y cuando respondían, éstos decían que estaban contaminados y se iban. No tenían a quien venderle. “La caja con 30 kilos de merluza antes del derrame valía $18 mil, luego del derrame la gente pagaba $4 mil. Desde que se cerró la planta nosotros no podíamos recoger merluza en la costa, hoy no cuesta nada sacarla. Se acerca a la costa, pero cuando se abra la planta otra vez se va a alejar y tendremos que salir a buscarla a alta mar”, expresa el pescador.


ÁREA JURÍDICA

El clima que se vive en Licantén está enrarecido por la reapertura de la fábrica que fue clausurada por la autoridad ambiental del Maule en agosto pasado. Además, la SEREMI de Salud levantó la prohibición de extracción de los recursos marinos a principios de diciembre.
No obstante, “para las autoridades es fácil decir que se levanta la prohibición. Pero no hay pescado. Si sacan van a desaparecer. Ponemos las mallas y no sacamos nada”, dispara Gutiérrez.

Al mismo tiempo los tribunales de Talca revisan los informes que han emitido los organismos públicos sobre la fábrica, pues la organización ciudadana “Participa” interpuso 2 recursos de protección ambiental ante la magistratura a raíz de las fugas de licor negro. Hoy depende del Poder Judicial si la planta parte o no.
“Es lo único que impide el funcionamiento de la fábrica y lo que facilita que hayan investigaciones. Nuestro abogado (Roberto Celedón) nos informó que la Corte de Apelaciones pidió todos los informes de los organismos públicos. Actualmente hacen la revisión de este material”, sostiene la dirigente de Participa, Ana María Lepe.
Otros creen que obteniendo el visto bueno del sector sanitario, la justicia pasa a un segundo plano. “Las personas de Licantén piensan que esos fallos de la justicia son pelos de la cola. Dando la pasada el Ministerio de Salud, Celco está al otro lado”, asegura Pablo Calquín, quien trabajó 15 años en Celco Licancel, hoy es comerciante.
No obstante, Ana Lepe, cree que la responsabilidad recae los tribunales: “Nosotros fuimos a la corte porque queremos que se diga que Celco puede funcionar a largo plazo sin producir daño. Por eso han estado en discusión tanto tiempo los recursos de protección. La Corte es la que tiene que tomar la medida, lo que corresponde es pensar en el futuro, nosotros estamos pidiendo medidas de prevención”.

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